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     Nada sobre nosotros. Sin nosotros.

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En el curso académico 2018-2019, el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, a través de la Universidad Carlos III, y la asociación AMIRES llevarán a cabo un convenio de colaboración. Se trata de utilizar la Clínica Jurídica sobre discapacidad para defender los derechos de las personas con baja visión.

 La Clínica Jurídica sobre Discapacidad presta un servicio gratuito de orientación jurídica llevado a cabo por estudiantes de los cursos de Grado o Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid.

Vamos a poner en marcha el programa sobre “La eficacia de las órdenes de alejamiento en casos de violencia contra mujeres con baja visión o ceguera”. Siendo la Clínica Jurídica una herramienta lo que deseamos es que nuestros derechos como personas con discapacidad visual, y por ende las mujeres con baja visión, sean puestos en valor. Queremos que se revise la legislación que ya existe en relación al maltrato para detectar posibles carencias que no cubran las especificidades de  las mujeres con baja visión y ceguera, y que se escuche posibles carencias para paliar esta carencia.

Como representante de AMIRES el pasado viernes 5 de octubre les ofrecí una charla explicando los términos de baja visión, ceguera legal, los rangos de agudeza visual y de campo visual, las distintas formas de percibir y ver que tienen las personas con resto visual, y expuse el caso de una mujer con baja visión cuando un juez dictaminó una orden de alejamiento cuando ella no es capaz de distinguir a su atacante ni a 1 metro de distancia.

Gracias a la Clínica Jurídica sobre Discapacidad AMIRES obtendrá una respuesta fundamentada legalmente a sus consultas. Por otra parte, los estudiantes de la Facultad de Derecho tendrán una primera toma de contacto con el ejercicio de la profesión.

El servicio que proporciona la Clínica no es equiparable al que corresponde a un/a abogado/a en ejercicio. Ni el alumnado, ni el profesorado, ni los/as tutores/as designados/as para la resolución de una consulta pueden efectuar representación alguna ante órganos judiciales y/o administrativos, ni llevar a cabo otras actividades de litigación o mediación ante cualquier otra persona física o jurídica.

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